Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2013 se produjeron un total de 100.437 sentencias de nulidades, separaciones y divorcios, lo que significa una tasa de 2,1 por cada 1.000 habitantes. Observando los datos de manera global se extrae que, en 2013, se produjo un incremento estimado del 0,8% en este tipo de procesos respecto al año anterior. En concreto 95.427 divorcios (el 95% del total) que, indican desde Tramites Fáciles Santander Abogados & Asesores, bufete de abogados de divorcio en Santander, comporta una serie de efectos y consecuencias legales para los implicados, como el cese de la vida en común, la extinción del régimen económico de bienes gananciales (si la hubiere), la revocación si existiesen poderes recíprocos y el uso y disfrute de la vivienda conyugal, la patria potestad de los hijos, así como la guardia y custodia de los mismos, estableciendo las pensiones que resulten de su particular situación familiar, de alimentos a favor de sus hijos y compensatoria a favor de uno de los cónyuges.
Dado el trauma emocional, existencial y familiar que comporta la destrucción de un matrimonio, los procesos judiciales de divorcio acostumbran a ser complejos, dilatados y, además, muy costosos en el aspecto económico, no solo en el afectivo, si bien la nueva ley del divorcio vigente en España permite que las parejas se ahorren el paso de la separación que, anteriormente, era ineludible para tramitar el divorcio a posteriori. De acuerdo con este despacho de abogados de familia en Santander, son dos las posibilidades de realizar un divorcio:
a) de común acuerdo: que se da cuando ambos cónyuges plasman los acuerdos por los que se va a regir la nueva situación, en un convenio regulador que se presenta ante el Juzgado sin necesidad de celebrar Juicio, solo será necesario una ratificación de las partes.
b) Contencioso: sólo en aquellos casos en los que no existe acuerdo entre los cónyuges, lo que obliga a que sea el Juez quien decida sobre las reglas que va a regir la nueva situación de lo que era hasta ese momento el matrimonio.
Por supuesto, el divorcio de mutuo acuerdo es el más recomendable con el fin de afrontar con rapidez una situación que no es plato del gusto de nadie. Los trámites burocráticos que implica son menores y el proceso suele quedar resuelto por completo en alrededor de apenas dos meses o incluso menos –lo que, claro está, también significa un coste económico mucho menor-. Por el contrario, los divorcios contenciosos se derivan en una cantidad de trámites, gastos y duración más elevada debido a la confrontación que se produce entre las dos partes, separadas por diferencias que han de reconciliarse por la vía legal después de un sinfín de alegaciones que, al mismo tiempo, ponen en jaque la estabilidad emocional de los participantes, tanto o más si la pareja se disputa la custodia legal de sus hijos, quienes por lo general son la parte más vulnerable de la disputa. No obstante, siempre queda abierta la opción de que el divorcio contencioso pueda convertirse en un divorcio de mutuo acuerdo a través del consenso entre partes y la presentación del correspondiente convenio regulador.
Sea como fuere, los gastos de tramitación, los honorarios de abogados y procuradores –que puede variar en función de la complejidad estimada del caso- exigen un presupuesto elevado el cual, además, se duplicaría para una de las dos partes si la otra careciese de bienes con que sufragar el proceso y así lo determinase el juez –a no ser que solicite el reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita-. La suma total depende en cualquier caso de múltiples factores, como se alude en párrafos anteriores: el tipo de divorcio de mutuo acuerdo o contencioso, el tiempo que lleve el proceso, la cuantía de los documentos y formularios, la intervención de distintos profesionales como peritos, psicólogos, notarios, etcétera. En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid recomendaba en su junta de gobierno del 28 de octubre de 2008 una serie de honorarios orientativos que, sin incluir trámites previos, fijaba en 750 euros la totalidad del procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo –donde aparte el procurador suele percibir entre 100 y 200 euros- y de 1.500 euros respecto a los divorcios contenciosos –donde el procurador suele percibir otros 200 o 400 euros-. Agregado al resto de costes, supondría que el proceso oscilaría aproximadamente entre los 400 y 1.000 euros en el primer caso y entre los 1.500 y los 2.500 en el segundo.
